El presidente Rodrigo Paz Pereira posesionó este miércoles a Ernesto Justiniano, como ministro de Defensa, en un acto realizado en el Hall de Palacio Quemado.
El flamante ministro reemplaza a Marcelo Salinas, cuya renuncia se conoció el martes. La salida del exfuncionario ocurrió después de varios meses al frente de una de las carteras más sensibles del Ejecutivo.
Hasta antes de su designación, Justiniano ejercía como viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas, cargo desde el cual encabezó operativos contra el narcotráfico junto a la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN).
“Bolivia necesita diálogo, sí, pero también necesita salud, trabajo, circulación, abastecimiento, seguridad y tranquilidad”, afirmó la nueva autoridad tras jurar al cargo.
Durante su primer discurso como ministro, reconoció el impacto que la crisis tiene sobre la población y señaló que la prioridad “inmediata” será recuperar la normalidad en el país.
“Hay hogares cansados, madres y padres preocupados, productores que no pueden mover sus alimentos, trabajadores que no pueden llegar a sus fuentes laborales, pacientes que necesitan atención médica y transportistas varados. A todos ellos quiero decirles con claridad: entendemos su preocupación”, manifestó.
Asimismo, argumentó que los bloqueos no solo afectan el abastecimiento y la actividad económica, sino que también generan riesgos para la seguridad nacional.
“Cuando se bloquean rutas estratégicas, cuando se impide el abastecimiento y cuando se debilita la autoridad pública, no solamente se castiga a la población, también se abren espacios para el narcotráfico, el financiamiento criminal y organizaciones transnacionales que buscan aprovechar cualquier vacío de autoridad”, afirmó.
La nueva autoridad ratificó que su experiencia en la lucha contra el narcotráfico fortaleció su convicción de que el país necesita coordinación institucional, firmeza y respeto a la Constitución para enfrentar los desafíos actuales.
De ese modo, defendió la necesidad de mantener abiertos los espacios de diálogo, aunque advirtió que las medidas de presión no pueden afectar derechos fundamentales de la población.
“El diálogo debe estar siempre abierto, pero quienes se niegan a dialogar no pueden paralizar el país, afectar el abastecimiento o poner en riesgo la salud, el trabajo y la seguridad de las familias”, señaló.
Por: La Razón
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