Harina subvencionada: Gobierno reporta un daño de Bs 5 millones y Fiscalía investiga “clan”familiar

La Policía detuvo este lunes al secretario ejecutivo de la Confederación de Panificadores Artesanales de Bolivia (Conapabol), Rubén Ríos, acusado de presuntos actos de corrupción en la venta de harina a la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa) y se espera que en las próximas horas sea sometido a una audiencia cautelar en la que un juez definirá su situación jurídica.

Días atrás, la Fiscalía y la Policía allanaron la vivienda del dirigente y éste no fue encontrado, por lo que se emitió una orden de aprehensión en su contra.

La detención de Ríos se dio luego de que éste se presentara en oficinas de la Fiscalía de La Paz para presentar su declaración sobre la venta de harina a Emapa. Aseguró que no estaba en la ciudad, pues estaba acatando el paro de 72 horas que determinó el sector el viernes pasado.

“Esto es político, soy inocente”, dijo el dirigente mientras era trasladado a oficinas de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen (FELCC) en La Paz.

El fiscal anticorrupción, Ronald Jurado, informó que se investiga un “clan familiar”, que se beneficiaba irregularmente con la harina subvencionada que distribuía Emapa. Se informó también sobre la aprensión de uno de sus hijos y una exfuncionaria de la empresa estatal, que trabajaba como analista de ventas.

Según los datos de la investigación se presume que Ríos transportaba y vendía harina a Emapa de forma directa, y luego recibía el producto de manera subvencionada, alquilaba su vivienda para almacenar el producto y, además, brindaba transporte para distribuirla.

El ministro de Desarrollo Productivo, Rural y Agua, Óscar Mario Justiniano, informó este martes que la investigación contra Rubén Ríos, revela un presunto daño económico al Estado que supera los 5 millones de bolivianos.

Justiniano señaló que existen “serios indicios de malos manejos, manejos corruptos sobre lo que era la subvención de la harina a los panificadores” y que Ríos está aprehendido por los delitos de enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado, tráfico de influencias y contratos lesivos al Estado, todos vinculados al mal uso de la harina subvencionada que Emapa entregaba al sector panificador.