Sebastián Marset rompe el silencio y denuncia extorsión de agentes por $us 4 millones

A solo una semana del juicio del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, en Estados Unidos, el sindicado informó sobre el cambio de sus abogados defensores mediante una carta enviada a un juez federal donde además denuncia presunta extorsión por parte de agentes de la DEA.

En la misiva afirma ante la Justicia estadounidense que es inocente de los cargos que enfrenta por presunto lavado de dinero. Relata que sus derechos fundamentales fueron vulnerados desde el momento de su captura en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, el pasado 13 de marzo de este año, cuando fue retirado de su domicilio durante la madrugada sin una orden de allanamiento ni una orden formal de arresto, para luego ser expulsado de Bolivia y entregado directamente a agentes de la Administración para el Control de Drogas (DEA), en un procedimiento que calificó como una “entrega irregular” y contraria a tratados internacionales.

En el documento indica que, tras llegar a Estados Unidos y ser sometido a un interrogatorio, los agentes exigieron que les diera acceso a su billetera de criptomonedas, valorada en aproximadamente 4 millones de dólares. Según cuenta, los agentes se comunicaron con su madre vía WhatsApp, solicitándoles fotografías de un cuaderno que contenía las claves de acceso de dichas billeteras.

“Mis abogados actuales se han negado a denunciar estos hechos o a presentar mociones para apartar del caso al Fiscal Federal Adjunto”, sostiene en la nota y agrega que pese a sus abogados notificaron formalmente al fiscal, este no tomó medida alguna, “lo que constituye un ocultamiento activo en violación a sus obligaciones”, remarca.

“Ante la inacción de mis abogados, mi familia se vio obligada a interponer denuncias formales ante el FBI, la DOJ-OIG (Oficina del Inspector General del Departamento de Justicia), la DOJ-OPR (Oficina de Responsabilidad Profesional del Departamento de Justicia) y otros órganos federales de supervisión”, enfatiza en la carta y añade que intentó consultar con nuevos abogados, pero que agentes han impedido que esto ocurra.

Por ello, pidió al juez que instruya al Alguacil que permita el acceso a sus nuevos abogados; que en caso de traslados tomen las medidas necesarias para evitar contacto con agentes de la DEA involucrados en este caso y que tome nota de las irregularidades denunciadas.

Hasta el momento ninguna autoridad boliviana ni estadounidense se ha pronunciado sobre esta carta.