Hoy viernes el Gobierno nacional rompió el silencio sobre el caso de arrendamiento de tierras indígenas a un estado ficticio denominado Estados Unidos de Kailasa. La Cancillería emitió un comunicado en el que aclaró que Bolivia no reconoce ni mantiene relaciones diplomáticas con esa supuesta nación.
“El Ministerio de Relaciones Exteriores, en el marco de las atribuciones reconocidas por la Ley N° 465, como rector de la política exterior boliviana, comunica que el Estado Plurinacional de Bolivia no mantiene relaciones diplomáticas con la presunta nación ‘Estados Unidos de Kailasa’, que, además, no se encuentra reconocida como Estado por ningún otro actor de la comunidad internacional en el marco de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961”, señala el pronunciamiento.
El diario El Deber publicó hace casi una semana los resultados de una investigación relacionada al “arrendamiento a perpetuidad” de tierras indígenas del oriente del país en favor de un estado ficticio que se autodenomina Estados Unidos de Kailasa.
Según su líder, autoproclamado gurú hindú, Nithyananda Paramashivam, Kailasa fue fundado por él en 2019, afirma tener una bandera, una constitución, un banco central, un pasaporte y un emblema.
En Bolivia, los representantes de Estados Unidos de Kailasa contactaron a la dirigencia de pueblos indígenas bolivianos (baure, cayubaba y esse ejja), para firmar convenios de “cooperación bilateral”. En los documentos firmados que mostró El Deber, el “arrendamiento perpetuo” es de 60 mil hectáreas de territorio indígena baure por 108 mil dólares anuales, con un pago inicial.
La periodista Silvana Vincenti quien llevó a cabo este reportaje, recibió amenazas por parte del dirigente baure, Pedro Guasico, lo que provocó el pronunciamiento de diferentes sectores como la CIDOB, la Asociación de periodistas, Defensoría del Pueblo.
El presidente de la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (Cidob), Justo Molina, desconoció cualquier tratado firmado con Kailasa y pidió al Gobierno nacional aplicar la Ley N° 477 sobre avasallamientos y tráfico de tierras. Al mismo tiempo denunció que hay unas 20 casas en el territorio Cayubaba, y que este grupo religioso lleva tres años contactando a los pueblos indígenas.
La denuncia del caso dio lugar a la movilización de vecinos y autoridades de la población de Exaltación (Beni) para aprensión de tres personas de Estados Unidos de Kailasa que habitaban en territorio cayubaba, para que muestren la documentación firmada con el dirigente de la Subcentral, Roddy Chávez.
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