El pasado 17 de marzo la senadora Wanda Medrano presentó un proyecto de ley para la devolución libre y voluntaria de los aportes, actualmente se encuentra en la Comisión de Planificación Económica Financiera.
El proyecto de ley fue impulsado por un movimiento de ciudadanos organizados en los nueve departamentos del país, que exigen a las autoridades competentes la devolución total de sus aportes de jubilación. El sector argumenta que el sistema actual no beneficia a los titulares de los fondos y denuncian un presunto mal uso de los recursos por parte del Estado e instituciones financieras.
Desde el Movimiento de Emergencia Nacional en la ciudad de La Paz señalan que dejaron de trabajar hace más de diez años y que necesitan acceder a esos recursos para emprender negocios y sostener a sus familias.
Los representantes del movimiento recalcan que este dinero es propiedad privada y no del Estado. “Hemos aportado con sacrificio durante más de 15 años, pero desde 2016 ya no tenemos trabajo ni ingresos. Queremos invertir nuestro dinero en un negocio para salir adelante”, manifestó uno de los voceros.
El presidente de la organización en Chuquisaca, David Fernández, recordó que su trabajo ya tuvo resultados en el pasado. “Nosotros fuimos los precursores para la primera devolución de aportes durante la gestión del expresidente Luis Arce (en 2021)”
La devolución parcial de hasta el 15% de los aportes de pensiones en Bolivia fue una medida excepcional aprobada en 2021 (DS 4582) tras la pandemia para trabajadores con saldos menores a Bs 100.000. El beneficio incluyó también un monto fijo de hasta Bs 15.000 para quienes tenían saldos superiores.
Fernández sostuvo que actualmente más de 100 mil dejaron de aportar a nivel nacional. “Nosotros representamos a las personas que tienen sus aportes pero que ya no están trabajando, que ya no están aportando”, aclaró.
Henry Jiménez, vicepresidente del Movimiento de Emergencia Nacional, indicó que se había anunciado una mesa de trabajo junto al Ministerio de Economía para analizar el proyecto de ley. Sin embargo, aseguró que hasta el momento no han recibido convocatorias y esperan un llamado por parte de esta cartera estatal.
Jiménez también denunció que actualmente se paga un rendimiento del 4% por sus ahorros, mientras que se abona una comisión del 6% a la Gestora. Además, destacó que la banca abierta ofrece entre 8 y 9% por Depósitos a Plazo Fijo (DPF). En este sentido, acusó a la Gestora de estar “negociando” con el dinero de los contribuyentes.
“Esperamos que los legisladores se pongan la mano al pecho y aprueben este proyecto. Si no hay respuesta, tomaremos medidas de hecho, porque ya hemos agotado todas las vías legales”, advirtieron los dirigentes.

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