Después de más de dos meses sin avances, el Órgano Judicial conminó al Legislativo a revisar y aprobar seis proyectos de ley presentados por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y el Consejo de la Magistratura (CM), destinados a modernizar el sistema judicial, fortalecer su independencia financiera y generar nuevas fuentes de recursos. Hasta la fecha ninguna de las propuestas fue tratada por la comisión correspondiente y todas permanecen pendientes.
Las autoridades judiciales indican que, de no existir una respuesta, podrían recurrir a medidas de presión, entre ellas paros escalonados.
Cuatro iniciativas fueron entregadas en marzo por el presidente del TSJ, Rómer Saucedo, al titular de la Cámara de Diputados, Roberto Castro. Las otras dos fueron presentadas en abril por el presidente del Consejo de la Magistratura, Carlos Spencer, y recibidas oficialmente por Diputados el 8 de mayo.
Proyectos presentados por el TSJ
Uno de los proyectos centrales del TSJ es el 441, que plantea modificar la Ley 025 del Órgano Judicial para garantizar su independencia financiera y presupuestaria.
La propuesta establece que el Presupuesto General del Estado (PGE) asigne cada año un mínimo del 5% al funcionamiento, fortalecimiento institucional y modernización de la administración judicial.
Saucedo afirmó que actualmente el Órgano Judicial recibe apenas el 0,35% del presupuesto nacional, monto que considera insuficiente para atender las necesidades del sistema.
El segundo proyecto de ley 440 propone crear un mecanismo de financiamiento para la modernización tecnológica del sistema judicial. Su objetivo es avanzar hacia el “uso cero de papel”, agilizar los trámites, reducir los cobros irregulares y eliminar obstáculos de la normativa procesal.
De acuerdo con el presidente del TSJ, la transformación tecnológica requiere Bs 106 millones. El planteamiento es que esos recursos provengan, de manera excepcional y por única vez, del Impuesto a los Consumos Específicos, que recauda aproximadamente Bs 200 millones al año.
La tercera iniciativa es el proyecto 438, denominado Ley de Prescripción y Consolidación de Depósitos Judiciales.
La norma busca mejorar la administración de esos recursos, evitar que permanezcan inmovilizados indefinidamente en cuentas judiciales y fortalecer las finanzas del Órgano Judicial.
La propuesta establece que los depósitos cuya devolución haya sido ordenada, pero que no sean reclamados por las partes durante cinco años, pasen a formar parte de los recursos propios de la institución.
El cuarto proyecto presentado por el TSJ es el 493, que modifica la Ley 044, del 8 de octubre de 2010, referida al juzgamiento de altas autoridades mediante juicios de responsabilidades.
La propuesta busca restablecer la competencia del Tribunal Supremo de Justicia para tramitar estos procesos, después de que el Tribunal Constitucional Plurinacional emitiera, el 20 de noviembre de 2024, la Sentencia Constitucional 075/2024.
Ese fallo restringió la continuidad de los juicios de responsabilidades debido a que la norma vigente no garantiza la doble instancia, es decir, la posibilidad de que una sentencia sea revisada por una autoridad judicial superior.
Proyectos presentados por la Magistratura
El Consejo de la Magistratura presentó otros dos proyectos. El primero es el 459, que propone eliminar la participación de jueces ciudadanos en los tribunales disciplinarios y modificar el procedimiento aplicable a las faltas gravísimas y sus sanciones.
Actualmente, para procesar administrativamente a jueces denunciados por faltas graves se debe convocar a jueces ciudadanos para integrar el Tribunal Disciplinario. Según Spencer, este mecanismo demora las causas y puede extenderlas durante varios años.
La propuesta plantea ampliar las competencias de los jueces disciplinarios para agilizar los procesos y resolver con mayor rapidez las denuncias contra servidores judiciales.
El segundo proyecto del Consejo de la Magistratura es el 458, que modifica los artículos 418 y 428 del Código Procesal Civil para cambiar la figura del martillero judicial y el sistema de pago por sus servicios.
La propuesta establece que los martilleros pasen a ser funcionarios del Consejo de la Magistratura y dejen de operar como particulares o integrantes de firmas privadas.
El objetivo es que los recursos generados por los remates judiciales ingresen directamente a las arcas del Órgano Judicial.
Según el presidente del Consejo de la Magistratura, un estudio técnico determinó que el sistema es viable y sostenible. Los ingresos obtenidos permitirían contratar a más de 300 jueces.
El martillero judicial es la persona encargada de dirigir las subastas públicas o remates de bienes muebles e inmuebles ordenados por una autoridad jurisdiccional.
Sobre el posible paro de actividades judiciales si los proyectos presentados no son atendidos por el órgano Legislativo, el Presidente del TSJ aclaró que el paro será la “última medida” que se adopte y que primero esperarán dialogar con el jefe de Estado, Rodrigo Paz.
En ese sentido, se dio un plazo de 20 días para que el Ejecutivo y el Legislativo responda a sus pedidos, caso contrario advirtieron con entrar en un paro hasta indefinido.
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