La Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Beni falló a favor del gobernador José Alejandro Unzueta Shiriqui y declaró nula la Resolución Administrativa 58/2024 del INE, que contenía información censal sobre comunidades en el área de Piso Firme. La resolución también ordena la rectificación inmediata de los datos, reconociendo a Piso Firme como parte del departamento de Beni.
Los vocales del tribunal argumentaron que la resolución del INE presentaba contradicciones internas en su parte resolutiva lo que motivó su anulación por vicios de legalidad y razonabilidad; por lo que, instruyen al INE aplicar todas las medidas administrativas, legislativas y judiciales necesarias para evitar daños a la delimitación territorial entre Beni y Santa Cruz.
La diputada cruceña María René Álvarez, una de las primeras voces en pronunciarse contra el fallo, acusó al tribunal beniano de haber “extralimitado sus funciones” y exigió al INE, al Tribunal Supremo Electoral (TSE) y a las autoridades de Santa Cruz asumir acciones inmediatas para proteger los derechos territoriales del departamento. Así mismo, responsabilizó al gobierno nacional por permitir que instancias judiciales regionales interfieran en asuntos censales y electorales.
El senador Erik Morón, también se refirió al tema calificándolo de “¡Otro abuso judicial contra Santa Cruz!” “Con esta afrenta a los cruceños, se evidencia que otro fallo amañado y sin ninguna coherencia jurídica, deja más evidencias de la corrupción judicial. Con una simple resolución y de un plumazo anularon los actos administrativos del Instituto Nacional de Estadística (INE) y los hitos históricos en la zona de Piso Firme”.
Por su parte, la Asamblea Legislativa Departamental (ALD) de Santa Cruz se pronunció al respecto indicando que este fallo representa un atentado directo contra la integridad territorial del departamento cruceño y una peligrosa señal de cómo Órganos Judiciales, “actuando con sesgo e intereses políticos, pretenden imponer resoluciones que violan la legalidad vigente”.
“Anunciamos que se evaluarán todas las acciones jurídicas, políticas e institucionales necesarias para revertir este abuso y garantizar la soberanía del pueblo cruceño sobre su territorio”, se lee en el documento.
El fallo judicial en Beni, el posicionamiento del TED cruceño y las declaraciones de autoridades parlamentarias y departamentales han agudizado una disputa que ahora deberá ser dirimida en instancias nacionales, tanto en el Tribunal Constitucional Plurinacional como, eventualmente, en la Asamblea Legislativa.
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