El gerente general de la Cámara Automotor Boliviana, Luis Encinas, denunció que el sector automotriz formal enfrenta una serie de problemas que afectan el trabajo de representantes directos de fábricas internacionales, además de generar un impacto económico para el Estado.
Encinas declaró en conferencia de prensa, previa a la reunión con autoridades de dos ministerios, que preocupa al sector la importación de los denominados “vehículos grises”, utilizados para generar un presunto blanqueo de dinero, según afirmó. Otros problemas son las dificultades para acceder a dólares, la calidad de combustible y las ‘deficiencias en la normativa vigente’.
“Hace 20 años que hemos tenido el problema de las normas, las leyes que han sido muchas veces manipuladas y han sido, no voy a decir torcidas, pero han sido hechas imperfectas por una sencilla razón, les ha convenido tener esa imperfección para poder dar doble interpretación y poder hacerlo libre con lo que se está manejando en todo lo que nos afecta en el sector automotriz”, afirmó Encinas. Explicó además, que la institución tiene más de 80 años de trayectoria y representa a empresas que cuentan con contratos de representación de marcas directamente vinculadas con fabricantes internacionales.
El impacto del tipo de cambio
Uno de los problemas expuestos por Encinas fue la dificultad que enfrentan las empresas para reponer sus inventarios debido a la escasez de dólares.
Según explicó, mientras los vehículos eran comercializados tomando como referencia un tipo de cambio de Bs 6,96 por dólar, las empresas llegaron a enfrentar costos mucho mayores para conseguir divisas destinadas a la reposición de vehículos.
El ejecutivo sostuvo que esta diferencia generó dificultades para la actividad comercial, debido a que el costo de reposición es un componente central del negocio automotor.
Críticas a la Resolución Ministerial 064
Uno de los principales cuestionamientos de la Cámara Automotor Boliviana está dirigido contra la normativa que, según Encinas, permitió ampliar el ingreso de vehículos importados por operadores que no forman parte de la red oficial de representantes de las marcas.
El gerente general señaló directamente al exministro de Obras Públicas Édgar Montaño y cuestionó la Resolución Ministerial 064, aprobada en 2022. Según su versión, esta disposición habría modificado aspectos establecidos previamente en el Decreto Supremo 3244.
Encinas sostuvo que la resolución abrió la posibilidad de que cualquier persona pueda importar vehículos y, a su juicio, debilitó las garantías vinculadas con repuestos, servicio técnico y respaldo del fabricante.
El representante empresarial puso como ejemplo vehículos procedentes de mercados como Omán, Emiratos Árabes y Dubái. Según afirmó, algunos de estos motorizados fueron fabricados para condiciones diferentes a las de Bolivia y podrían tener características técnicas y disponibilidad de repuestos distintas a las requeridas en el país.
La Cámara sostiene que esta situación genera problemas para los representantes oficiales, que deben responder por garantías de las marcas que representan.
Reclamo por el ingreso de autos ilegales
Otro de los principales puntos planteados durante la conferencia fue el ingreso de vehículos ilegales o “autos chutos”.
Encinas afirmó que la Zona Franca de Iquique, en Chile, constituye un punto central de abastecimiento de vehículos que posteriormente ingresan a Bolivia de manera irregular. Según su estimación, alrededor de 100.000 vehículos ilegales ingresarían cada año al país.
El gerente de la Cámara Automotor Boliviana planteó que una de las formas de enfrentar este problema sería controlar el origen del dinero utilizado para adquirir los vehículos en la zona franca.
También vinculó el problema con la presunta subfacturación y el lavado de dinero, aunque estos señalamientos fueron formulados por el dirigente empresarial como parte de sus denuncias y requieren la correspondiente verificación de las autoridades competentes.
Piden recuperar información de la Aduana
Encinas también cuestionó las dificultades que, según dijo, enfrenta la Cámara para acceder a información de la Aduana Nacional.
Explicó que anteriormente la institución recibía datos que permitían verificar el cumplimiento de las normas relacionadas con la importación de vehículos, como la antigüedad permitida, la cilindrada y otras características técnicas.
Según su relato, ese acceso a información fue restringido durante la gestión de anteriores autoridades aduaneras.
Encinas sostuvo que el sector automotor formal genera alrededor de 8.000 empleos directos, cifra que, según explicó, se multiplica al considerar las fuentes laborales indirectas.
En ese contexto, cuestionó que las empresas que cumplen con las normas enfrenten numerosas exigencias y trámites, mientras que la actividad ilegal tendría mayores facilidades para operar.
La institución espera que las reuniones con el Gobierno permitan avanzar en soluciones concretas para el sector. Entre sus pedidos están la revisión de la normativa, mayores controles al ingreso de vehículos ilegales, mecanismos más ágiles para la importación formal y acceso a información que permita fiscalizar el cumplimiento de las reglas.
El ejecutivo pidió además que la prensa acompañe y haga seguimiento a las mesas de trabajo que se desarrollen con el Gobierno.
La Cámara Automotor Boliviana considera que los problemas del sector no solo afectan a las empresas importadoras y representantes oficiales de marcas, sino que también tienen consecuencias sobre la recaudación estatal, la seguridad jurídica y las condiciones de competencia en el mercado automotor.
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