Sectores muestran su postura frente al nuevo precio de los combustibles

Luego del levantamiento de la subvención a los combustibles dispuesta mediante el Decreto Supremo 5503, distintos sectores se pronunciaron a favor y en contra, algunos advierten un alto costo social por el incremento inmediato de los precios y otros consideran que el ajuste es necesario para ordenar la economía y evitar una crisis mayor.

Uno de los sectores que se pronunció es el transporte sindicalizado de La Paz, que confirmó un paro de 24 horas desde las 00.00 de este viernes.

El secretario ejecutivo de la Federación Departamental de Choferes, Edson Valdez, afirmó que la medida exige la abrogación del decreto. “Hemos tomado la determinación de ir a un paro de 24 horas, pidiendo la abrogación del Decreto 5503”, dijo en conferencia de prensa, y advirtió que, si no hay respuesta, desde el lunes, su protesta tendrá carácter indefinido.

Otro frente lo encabeza la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (FSTMB). A través de un comunicado, dirigentes del sector expresaron rechazo al alza de combustibles por su impacto en costos productivos y anticiparon movilizaciones escalonadas, sin descartar medidas nacionales.

La organización sostuvo que las decisiones del Gobierno constituyen un “golpe duro contra la población boliviana” y advirtió de un impacto directo en el costo de la canasta familiar y en la economía de los sectores que viven del día a día.

También hubo serios descontentos en los gremiales, que anunciaron bloqueos intermitentes y ampliación de medidas. Representantes del sector advirtieron que el incremento en el costo de combustibles eleva costos operativos y presiona precios. “No podemos sostenernos con estos costos”, dijo uno de sus dirigentes.

Otro anuncio proviene del transporte pesado e interdepartamental, que evalúa cese de actividades y bloqueos de rutas troncales. Sus demandas incluyen compensaciones y garantías de abastecimiento.

Desde el sector empresarial, la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) respaldó las medidas económicas adoptadas por el Ejecutivo, considerando que el ajuste es necesario para ordenar y sincerar la economía, así como para corregir distorsiones acumuladas en el mercado.

En la misma línea, la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) expresó su apoyo a las medidas de ordenamiento estructural, señalando que el levantamiento de la subvención permitirá reducir el déficit fiscal, equilibrar las finanzas públicas y enfrentar el contrabando.

En el ámbito político, el expresidente Jorge Tuto Quiroga señaló que el incremento del diésel, la gasolina y el GNV puede generar un efecto inflacionario inmediato si no se protege al transporte público, lo que puede afectar directamente a la población.

Mientras que el vicepresidente del Estado, Edmand Lara, junto a jefes de bancada y asambleístas de distintas fuerzas políticas, rechazó la eliminación de la subvención y anunció acciones en el marco de la Constitución, advirtiendo que “no era el momento” para aplicar la medida.