Este jueves se realizó la reunión de gobernadores en la Casa de Gobierno de Santa Cruz, en la plaza 24 de Septiembre, en el marco de los actos por el aniversario cívico departamental. Tras una intensa jornada de debate, autoridades y representantes de ocho de las nueve gobernaciones de Bolivia suscribieron una declaración conjunta mediante la cual se declaran oficialmente en “estado de alerta” y otorgan un plazo hasta el 31 de octubre de 2026 para que el Gobierno central ejecute los compromisos asumidos en el marco de la denominada “Agenda 50/50”. En el encuentro estuvieron presencialmente Juan Pablo Velasco, Luis Revilla (La Paz), María René Soruco (Tarija), Luis Ayllón (Chuquisaca), Édgar Sánchez (Oruro) y Leonardo Loza (Cochabamba).
Las principales exigencias de las gobernaciones
La resolución plantea una serie de demandas económico-financieras de aplicación inmediata y gradual para garantizar la sostenibilidad de las competencias departamentales:
- Transferencia del 15% de coparticipación tributaria: Exigen el traspaso de este porcentaje sobre impuestos específicos fijados en la Ley Marco de Autonomías (Ley N° 031), el cual deberá deducirse de la administración del Nivel Central del Estado sin recortar los presupuestos de municipios, autonomías indígenas ni universidades públicas.
- Compensación por el incremento del diésel: Señalan que la eliminación de la subvención a los carburantes mediante los Decretos Supremos N° 5516 y N° 5716 ha golpeado severamente las finanzas departamentales. Ante esto, exigen una transferencia extraordinaria del Tesoro General de la Nación (TGN) para cubrir el costo operativo en mantenimiento vial, salud y maquinaria pesada hasta fin de año, además de incluir el precio real del combustible en los techos presupuestarios del PGE 2027.
- Devolución de fondos y freno a los débitos automáticos: Conminan a la Asamblea Legislativa Plurinacional a abrogar la Ley N° 767 para garantizar la devolución del 12% del IDH del Fondo de Incentivo a la Exploración y Explotación de Hidrocarburos (FPIEEH) durante la gestión 2027. Asimismo, exigen la suspensión inmediata de débitos automáticos en curso por conceptos como diplomas de bachiller y la restitución de recursos por el pago del Bono Viático de Vacunación y prediarios.
- Activación del Fondo Fideicomiso (FAGOBOL): Demandan la agilización administrativa para el desembolso inmediato de los recursos estipulados en el Decreto Supremo N° 5363 de apoyo financiero a gobernaciones.
Paquete normativo prioritario
Las autoridades subnacionales acordaron impulsar de forma prioritaria la tramitación de tres proyectos de ley en la Asamblea Legislativa: la modificación a la Ley N° 154 de Clasificación de Impuestos, la Ley de Fortalecimiento y Garantía de la Autonomía Económica (“Ley del 50/50”) y la Ley Básica de Relaciones Internacionales para los Gobiernos Autónomos.
El documento advierte que el tratamiento coordinado con los nueve gobiernos autónomos departamentales debe iniciarse sin demoras, fijando el 31 de octubre como la fecha límite para verificar avances concretos por parte del Nivel Central.
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