El Ministerio Público formalizó este viernes la imputación contra el fiscal general Roger Mariaca, el fiscal departamental de Santa Cruz, Alberto Zeballos, el fiscal superior Martín Irusta y el mayor de Policía Rubén Aparicio, por los delitos de tráfico de sustancias controladas y organización criminal.
La información fue confirmada por el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, durante su intervención ante la Asamblea Legislativa, donde explicó los avances de la investigación iniciada tras los operativos ejecutados entre la noche del miércoles y la madrugada del jueves.
Según la autoridad, la imputación presentada este 2 de octubre establece de manera provisional la participación de los cuatro investigados en los dos delitos. En cambio, la situación jurídica de las otras personas aprehendidas durante el operativo deberá ser definida de manera individual a partir de los actuados de la investigación.
Oviedo señaló que la Fiscalía atribuye a los cuatro imputados su presunta participación en una estructura que habría facilitado actividades relacionadas con el tráfico de sustancias controladas.
“El escrito menciona posibles mecanismos de protección institucional, referencias a la información de la Unidad de Investigaciones Financieras, material audiovisual e informe policial”, explicó el ministro.
Entre los elementos incorporados al expediente, según Oviedo, figuran actas de requisa y aprehensión, informes de acción directa, inventarios de teléfonos y otros dispositivos electrónicos, además de fotografías y documentación relacionada con las actuaciones policiales.
La investigación se inició después del megaoperativo desplegado en La Paz, Santa Cruz y Chuquisaca, que dejó 14 personas aprehendidas. Entre ellas se encuentran autoridades y funcionarios del Ministerio Público, policías y civiles.
El Gobierno sostiene que Mariaca habría encabezado una estructura dedicada a brindar protección a actividades vinculadas con el narcotráfico. Esta acusación deberá ser sustentada ante la autoridad jurisdiccional durante el desarrollo del proceso.
La Fiscalía también solicitó la detención preventiva de los cuatro imputados. Sin embargo, Oviedo remarcó que cualquier determinación sobre la privación de libertad corresponde exclusivamente a la autoridad judicial.
“La imputación incluye la solicitud de detención preventiva y cualquier decisión sobre su imposición, duración o sustitución requiere resolución judicial fundada conforme a nuestro Código de Procedimiento Penal”, afirmó.
Mariaca, Zeballos, Irusta y Aparicio permanecen aprehendidos mientras se espera la instalación de la audiencia de medidas cautelares, en la que la autoridad jurisdiccional deberá valorar los elementos presentados por la Fiscalía y los argumentos de las respectivas defensas.
La imputación formal constituye el inicio de una nueva etapa procesal y no implica una declaración de culpabilidad. La responsabilidad penal de los investigados deberá ser establecida mediante el debido proceso.
Por: La Razón
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