Un grupo de ciudadanos argentinos, que se identificó como parte de una “Misión Internacional Humanitaria de Derechos Humanos”, denunció que la Dirección General de Migración les impidió regresar a Bolivia y los obligó a retornar a Santa Cruz para después embarcarlos devuelta a Argentina.
De acuerdo con reportes preliminares, la decisión podría estar relacionada con publicaciones realizadas por algunos legisladores argentinos en redes sociales respecto a los bloqueos registrados en Bolivia y sus pronunciamientos sobre la coyuntura política nacional.
La delegación estaba conformada por representantes de organismos de derechos humanos, organizaciones sindicales, sociales y políticas, además de parlamentarios argentinos. Su propósito era realizar un relevamiento de las denuncias sobre presuntas vulneraciones a los derechos humanos ocurridas durante las protestas y bloqueos que exigen la renuncia del presidente Rodrigo Paz, así como documentar la actuación de las fuerzas de seguridad y unidades antidisturbios desplegadas durante los conflictos.
Según explicaron los organizadores de la misión, la visita tenía previsto extenderse hasta el 18 de junio. Durante ese periodo, los integrantes planeaban sostener reuniones con organizaciones obreras, campesinas, de mujeres y de pueblos indígenas de distintas regiones del país.
El objetivo final de la misión era elaborar un informe sobre la situación observada en Bolivia, documento que posteriormente sería difundido a nivel internacional mediante organismos de derechos humanos y parlamentos de distintos países.
En sus redes sociales, el canciller argentino, Pablo Quirno, reconoció las facultades soberanas de todo estado para regular el ingreso y permanencia de extranjeros, esto con respecto a la decisión del gobierno de Bolivia de negar el ingreso de la misión humanitaria integrada por legisladores argentinos que se autodenominaron como misión internacional humanitaria, en momentos en que Bolivia afronta el día 46 de conflictos y el 40 de bloqueos.
Para el gobierno argentino, el Ejecutivo boliviano hizo uso de sus “facultades soberanas”, sostuvo.
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