Acuerdo de Bolivia con el FMI ¿qué debe cumplir el Gobierno?

El programa acordado entre el gobierno de Bolivia y el Fondo Monetario Internacional fue plasmado en un memorando de entendimiento en el que se hace un diagnóstico de la situación de la economía nacional y se traza el camino que se debe seguir para salir de la crisis económica.

El acuerdo técnico de financiamiento por 1.900 millones de dólares firmado entre la administración del presidente Rodrigo Paz y el Fondo Monetario Internacional (FMI) establece un estricto paquete de reformas estructurales y metas macroeconómicas que el Ejecutivo boliviano debe implementar durante los próximos 36 meses.

El gobierno de Rodrigo Paz y el Fondo Monetario Internacional (FMI), acordaron un paquete de reformas estructurales y metas macroeconómicas que el Ejecutivo boliviano debe cumplir para superar la crisis económica por la que atraviesa el país y deben implementarse además, en los próximos 36 meses.

El memorando de entendimiento firmado traza el camino que debe seguir Bolivia si desea recibir 1.900 millones de dólares de parte del FMI

Los compromisos asumidos son los siguientes:

• Eliminación total del subsidio a los combustibles (a partir de enero de 2027): El Presupuesto General del Estado (PGE) de 2027 no contemplará fondos del Tesoro General ni de empresas estatales (como YPFB) destinados a subvencionar la gasolina y el diésel. Los precios internos se mantendrán fijos mediante decretos excepcionales —como el DS 5652— hasta diciembre de 2026, y desde enero de 2027 los costos reflejarán las cotizaciones internacionales y el nivel real de recuperación.
• Reducción drástica del déficit fiscal: El programa contempla bajar el déficit fiscal de manera progresiva (con una disminución proyectada de 8,5 puntos del PIB entre 2026 y 2029, apuntando a un 3,8% para 2028 y a un rango cercano al 2% para 2031), eliminando por completo el déficit primario al cierre del plan y restableciendo la sostenibilidad de las finanzas públicas.
• Contención y racionalización del gasto público: Se ejecutarán ajustes fiscales orientados a disminuir el gasto corriente y de capital. Esto incluye poner límites en las contrataciones de personal estatal, bajar los gastos en bienes y servicios, y reducir las planillas en hasta un 30% mediante la eliminación de ítems fantasma o irregularidades.
• Revisión y recorte de otras subvenciones: El pacto también contempla la posibilidad de suprimir subsidios adicionales, poniendo especial foco en el sector de servicios de energía eléctrica.
• Mantenimiento de una política cambiaria flexible: Sostener un tipo de cambio flexible determinado por las fuerzas de oferta y demanda del mercado, con el fin de estabilizar la escasez de divisas, ordenar el mercado cambiario y fortalecer las reservas internacionales netas.
• Mitigación del impacto social y compensaciones: En paralelo a los ajustes y al fin de los subsidios a los hidrocarburos, el Gobierno debe implementar salvaguardas para proteger a las familias de menores ingresos y sectores vulnerables durante la transición. Esto incluye incrementar los recursos destinados a redes de protección social, así como mantener y focalizar programas de apoyo temporal y transferencias directas (tales como el Programa Extraordinario de Protección y Equidad – PEPE).

Este jueves el ministro de Economía y Finanzas Públicas, Christian Morales, indicó que el acuerdo está publicado en la página web del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, para que la población pueda acceder al mismo. Y “ya la anterior semana fue presentado el proyecto de ley a la Asamblea Legislativa para su tratamiento y aprobación”.