El pleno de la Cámara de Senadores aprobó en grande el proyecto de ley que modifica la Ley 260, Ley Orgánica del Ministerio Público, con una propuesta que incorpora un mecanismo para la suspensión definitiva del fiscal general y la designación de una autoridad interina.
La iniciativa fue tratada después de que la Comisión de Constitución de la Cámara Alta aprobara el proyecto y recomendara su consideración por el pleno. La sesión comenzó con la lectura del informe de esa instancia legislativa.
El proyecto, presentado por los senadores Branko Marinkovic, Diego Ávila y Lorgio Saucedo, modifica el artículo 25 de la Ley del Ministerio Público. Su contenido establece cuatro aspectos centrales sobre la suspensión de la máxima autoridad de esa institución y la continuidad de sus funciones.
El primer punto dispone que la suspensión definitiva del fiscal general tendrá como efecto inmediato el cese de sus funciones. Para que esta medida sea aprobada, se requerirá el voto de dos tercios de los asambleístas presentes en una sesión ordinaria de la Asamblea Legislativa.
El segundo establece que, en la misma sesión en la que se determine la suspensión, la Asamblea deberá designar a un fiscal general interino. Esta autoridad permanecerá en el cargo hasta que se concrete la elección y designación de un nuevo fiscal general, de acuerdo con el artículo 227 de la Constitución Política del Estado.
Como tercer aspecto, el proyecto señala que el fiscal general interino deberá cumplir los requisitos establecidos por la Constitución y ejercerá las mismas atribuciones, competencias, derechos y deberes que corresponden al titular del Ministerio Público.
El cuarto punto establece como una de las prioridades del interino el desmantelamiento de estructuras criminales vinculadas con la causa que hubiera provocado la suspensión del fiscal general. Para ese propósito, podrá reasignar temporalmente responsabilidades internas, conformar equipos especializados de investigación, solicitar cooperación internacional y presentar requerimientos ante las autoridades jurisdiccionales competentes.
Sin embargo, el proyecto establece límites para el ejercicio de esas facultades. Las actuaciones deberán sujetarse al principio de legalidad, al debido proceso y a la separación de funciones. Además, cualquier medida que implique intervención judicial o restricción de derechos deberá contar con el control de la autoridad jurisdiccional correspondiente.
El proyecto fue planteado en medio de la crisis institucional que atraviesa el Ministerio Público tras la aprehensión del fiscal general Roger Mariaca, investigado por los presuntos delitos de tráfico de sustancias controladas y organización criminal.
Con la aprobación en grande, el Senado continuará con el tratamiento de la iniciativa en detalle. Posteriormente, deberá seguir el procedimiento legislativo correspondiente antes de su eventual remisión a la Cámara de Diputados.
Por: La Razón
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