Fiscal Zeballos indicó que se amplió la investigación contra el juez y las tres inscriptoras por los presuntos delitos de peculado, incumplimiento de deberes, uso debido de influencias y enriquecimiento ilícito.

Un juez registrador y tres inscriptoras de las oficinas de Derechos Reales fueron aprehendidos este jueves, tras presentarse a declarar en calidad de denunciados por el supuesto desvió de Bs 2.000.000, según informó el fiscal departamental, Alberto Zeballos.

Los cuatro funcionarios se encentran en celdas de la Dirección Especializada de Lucha Contra la Corrupción, ubicada en el Plan 3.000, a la espera de ser puestos ante un juez cautelar, que defina su situación jurídica.

En un principio, el juez y las tres inscriptoras fueron citados a declarar en calidad de testigos para que brinden su testimonio sobre el desvío de por lo menos Bs 2.000.000; pero después pasaron a ser investigados por la Fiscalía.

“Luego de un estudio minucioso y exhaustivo de todas las diligencias de investigación recolectadas anteriormente mencionadas, como así también valorando las declaraciones testificales, corroboradas por los informes preliminares de auditoría interna practicadas por la institución afectada, como así también en virtud a los diferentes estudios de actuaciones policiales, se ha podido verificar que contamos con los suficientes elementos de convicción y por eso se ha emitido una resolución fiscal fundamentada de aprehensión directa, conforme a las facultades establecidas en el artículo 226 de la Ley Penal Adjetiva, en contra de cuatro ciudadanos servidores de las oficinas de Derechos Reales”, explicó el fiscal.

Zeballos indicó que se amplió la investigación contra el juez y las tres inscriptoras por los presuntos delitos de peculado, incumplimiento de deberes, uso debido de influencias y enriquecimiento ilícito.

Según las investigaciones de la Delcc y la Fiscalía, los cuatro involucrados modificaban los montos de pagos de los usuarios en los registros de Derechos Reales y causaron por lo menos una afectación al Estado de Bs 2.000.000.

“Dentro de las investigaciones se tiene claramente identificado de que estas funcionarias tenían acceso a un usuario y contraseña que se ha logrado, en este caso, identificar la participación de todos y cada uno de estos autores. Por decir, ingresaban con el usuario que no les correspondían, con autorización del registrador de derechos reales, para realizar ciertas inscripciones hipotecarias y gravámenes de inmuebles, donde se presume que serían precisamente diferentes documentos observados y en las cuales se hubiesen realizado ciertas modificaciones a los montos de las cuantías que se tenían que generar el pago por aranceles”, agregó Zeballos.