La Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF), la entidad encargada de investigar —a escala global— los casos de corrupción que afectan los recursos del apoyo internacional que proporciona la Unión Europea (UE) abrió una investigación sobre el presunto desvío de fondos, precisamente de esa cooperación, destinados al Gobierno de Bolivia. Este caso está vinculado con una pesquisa sobre un pago de coimas de empresas a funcionarios del anterior gobierno para validar la adjudicación de obras.
La investigación se centra en recursos entregados al país para programas de saneamiento y dotación de agua potable en zonas rurales, encargados al entonces Ministerio de Medio Ambiente y Agua (MMAyA). Se presume que, parte de esos fondos, fueron desviados mediante contrataciones direccionadas con sobornos al exministro Juan Santos Cruz.
“Es así. La Unión Europea, a través de su instancia investigativa, la OLAF, nos envió una nota desde Bélgica, solicitando información del proceso conocido como Coimas millonarias, en el cual está involucrado el exministro Juan Santos Cruz. La UE financió varios de los proyectos cuyas adjudicaciones fueron direccionadas”, informó a EL DEBER el abogado constitucionalista Abel Loma, quien defendió a una de las implicadas en el caso.
El origen de este caso
Loma asumió la defensa de la denominada “testigo clave” Claudia Cortez, una empresaria que entre 2021 y 2023 declaró haber cobrado coimas del 3% del valor de contratos adjudicados por el Ministerio de Medio Ambiente y Agua bajo el rótulo de “aportes para organizaciones sociales”.
“La primera comisión (que cobré) fue de (Bs) 2.340.000 por la obra (de alcantarillado) en Viacha. La segunda obra adjudicada está en Cochabamba. Se dividió en tres lotes, cada uno de Bs 23 millones. Calculo que, en total, recaudé para el (ex) ministro alrededor de Bs 19 millones en coimas de todas las obras que negocié”, declaró Cortez al portal Rimay Pampa en 2023.
Según Loma, quien también trabajó en otras investigaciones de alcance internacional, la OLAF debía haber hecho requerimientos similares vía Cancillería a la Fiscalía General y al propio Ministerio de Medio Ambiente y Agua antes de su cierre. EL DEBER consultó a la Delegación de la Unión Europea en Bolivia sobre el alcance de la pesquisa. De este modo, el requerimiento periodístico fue reportado a Bruselas desde donde se emitirá una respuesta.
También se emitieron consultas a la Fiscalía y a autoridades del Gobierno. Hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta.
La solicitud de OLAF
La nota de la OLAF, enviada a Loma, señala que, ante cualquier duda sobre el pedido de información tome contacto con el investigador principal de este caso o la investigadora asociada, de quienes se proporcionó una dirección de correo electrónico.
La nota enviada a Loma incluye contactos del investigador principal y de la investigadora asociada al caso. En la comunicación, señala: “Me dirijo a Usted en condición de jefe de la Unidad Operaciones e investigaciones internacionales de OLAF. La OLAF lleva a cabo investigaciones administrativas sobre hechos constitutivos de fraude o corrupción que afecten al interés financiero de la UE o cualquier irregularidad que perjudique sus intereses o reputación”.
El documento confirma que la investigación fue abierta en 2023 y solicita información sobre tres proyectos de la Unión Europea:
- Convenio de financiación N° DCI/ALA/2019040-019 (LA/2029/409-406): “Saneamiento de zonas rurales y pequeñas comunidades y gestión integral del agua en áreas urbanas”, ejecutado por el Ministerio de Planificación del Desarrollo y el MMAyA.
- Convenio de delegación N° LA/2017-390-223: “Apoyo al programa de agua y alcantarillado de áreas urbanas o periurbanas”, suscrito entre la UE y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID).
- Convenio de delegación N° LA 2019/410-047: “Programa de gestión integral del agua en áreas urbanas”, también entre la UE y la AECID.
Los investigadores identifican como principal implicado al exministro Santos, pero también muestran interés en Cortez, “potencialmente implicada en la investigación de la OLAF”, a pesar de confundirla con una exfuncionaria del Ministerio, un cargo que ella nunca ocupó.
La OLAF solicitó, además, una copia de las declaraciones que Cortez dio ante la Policía o a la prensa, y abrió la posibilidad de que brinde un testimonio directo —oral o escrito— respondiendo a un cuestionario. También solicitó detalles de los proyectos investigados y de los pagos “recibidos u organizados” vinculados con los fondos europeos, así como cualquier información que permita “verificar transacciones y el rastro del dinero”.
Respuesta
El abogado Loma anticipó que colaborará con la investigación iniciada por la Unión Europea, a fin de tener otra instancia que ayude a esclarecer el desvío de dinero, que era para dotar de agua a sectores vulnerables.
En esa línea, el profesional mencionó que, antes de responder, pondrá a conocimiento del presidente, Rodrigo Paz, este requerimiento para que tome recaudos sobre el tema que podría generar sanciones hacia el país, luego de que la gestión del expresidente Luis Arce no cumpliera con obligaciones legales de transparencia a tiempo de recibir la cooperación europea.
Por: El Deber
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