El Comité Cívico Potosinista (Comcipo), cívicos provinciales y docentes de la Universidad Autónoma Tomás Frías se movilizaron el lunes en la ciudad de Potosí para rechazar y exigir que frenen el debate de los contratos sobre la industrialización del litio que fueron aprobados por una Comisión en Diputados.
En la ciudad de La Paz, también hubo protestas en contra de estos dos contratos, que según los potosinos y activistas, no fueron socializados con la población potosina.
“Estos contratos malditos no deben ser firmados ni aprobados en la Asamblea. El viernes se cometió una gran injusticia contra los potosinos al aprobarse estos contratos, que evidentemente benefician al Gobierno”, afirmó el presidente de Comcipo, Alberto Pérez, según reportó El Potosí.
Por su parte, el rector de la universidad, Pedro López, indicó que urge una revisión técnica, científica, económica y ambiental por parte de la institución educativa de todas las propuestas que están consignadas en los dos contratos.
Las protestas comenzaron la semana pasada, cuando se aprobó el contrato con el consorcio chino Hong Kong CBC en la Comisión de Economía Plural, la Cámara de Diputados incluyó este lunes en la agenda semanal este acuerdo por más de $us 1.000 millones para la construcción de dos plantas de extracción directa de litio (EDL) en el salar de Uyuni.
Mientras avanza ese trámite, la Comisión de Economía Plural se dispone a analizar el otro contrato para la explotación del litio, que el Gobierno firmó con la empresa rusa Uranium One Group, por un monto de $us 970 millones.
Aunque el Gobierno considera que es una oportunidad histórica para despegar la industrialización del mineral blanco, los potosinos señalan que dichos contratos fueron suscritos ‘a espaldas del pueblo’ e identifican al menos cuatro irregularidades: dichas firmas china y rusa “no cuentan con capital suficiente” para cubrir las operaciones, los contratos no son transparentes, atentan la soberanía nacional puesto que las firmas toman decisiones sin tener mayoría accionaria y se someten a los precios que impongan las empresas en sus mercados de origen.
La bancada evista en el Senado anunció que cuando lleguen a esa instancia, se realizará una revisión minuciosa de dichos contratos, incluso adelantó que no serán aprobados para su ejecución.
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