La deuda interna del Estado boliviano alcanzó en 2025 los $us 33.250 millones, un nivel que la convierte en el principal componente del endeudamiento público y que, sumada a la deuda externa, sitúa el total cerca del 90% del Producto Interno Bruto (PIB).
Así lo advierte un análisis del economista e investigador Fernando Romero, quien subraya que la deuda interna del Tesoro General de la Nación (TGN) es 2,3 veces mayor que la externa.
De acuerdo con datos oficiales del Banco Central de Bolivia (BCB), la deuda externa cerró la gestión 2025 en $us 14.131 millones, equivalente al 24,6% del PIB. Romero señala que, si bien este indicador todavía refleja cierta solvencia, “la liquidez y la generación de divisas siguen siendo el principal talón de Aquiles de la economía boliviana”.
El economista pone énfasis en que la deuda interna suele recibir menor atención en el debate público, pese a su magnitud. Además del endeudamiento del TGN, el BCB registra una deuda interna con el sector privado de $us 3.912 millones y un crédito neto al Sector Público No Financiero de Bs 157.925 millones, equivalentes a unos $us 23.021 millones al tipo de cambio oficial. Este escenario está acompañado por una elevada emisión monetaria que, hasta finales de enero de 2026, llegó a Bs 102.932 millones, es decir, alrededor de $us 15.004 millones.
Para Romero, este esquema refleja una creciente dependencia del financiamiento del BCB para cubrir el déficit fiscal, que ronda el 13% del PIB. “El Banco Central está operando como una especie de caja chica del sector público”, advierte, lo que incrementa los riesgos fiscales y monetarios.
El análisis identifica varios riesgos asociados a una deuda pública cercana al 90% del PIB, entre ellos la pérdida de sostenibilidad fiscal, el encarecimiento del financiamiento y una mayor vulnerabilidad cambiaria en un contexto de baja generación de divisas.
A esto se suma el efecto de una deuda interna elevada, que puede desplazar el crédito al sector productivo y alimentar presiones inflacionarias y expectativas de dolarización.
Romero considera que, pese a este escenario, Bolivia no enfrenta una quiebra inmediata, pero sí un desafío estructural.
En su criterio, la salida pasa por una consolidación fiscal gradual, límites claros al financiamiento del BCB y una estrategia económica orientada a generar divisas, impulsar la inversión privada y sostener el crecimiento, en lugar de profundizar el endeudamiento y la emisión.
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