José Jerí Oré, quien hasta este jueves fuera el presidente del Congreso de Perú, juró el cargo por sucesión constitucional después de que la presidenta Dina Boluarte fuera destituida por unanimidad en el Congreso. Es el séptimo jefe del Estado peruano en los últimos 8 años, luego de Pedro Pablo Kuczynski, Martín Vizcarra, Manuel Merino, Francisco Sagasti, Pedro Castillo y Dina Boluarte.
El abogado, nacido en Lima hace 38 años, será ahora el encargado de dirigir el país hasta las próximas elecciones, que tendrán lugar en abril de 2026. En sus primeras declaraciones, él mismo habló de “un gobierno de transición”.
Según el profesor de Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad del Pacífico Rodrigo Barrenechea, el nuevo presidente era hasta ahora una figura prácticamente desconocida en la política peruana.
El nuevo mandatario peruano se postuló al Congreso en las elecciones parlamentarias de 2021 por la lista electoral de Lima Metropolitana. A pesar de que recibió poco más de 11.000 votos, accedió a un escaño en reemplazo de Martín Vizcarra, que había obtenido más votos pero fue inhabilitado para ocupar cargos públicos.
Su figura, muy controvertida, probablemente no ayudará a calmar el panorama. Ha sido señalado por corrupción en varios casos y de supuesto abuso sexual, lo cual condujo a la justicia a llevar a cabo investigaciones serias sobre él.
La denuncia fue presentada el 29 de diciembre de 2024 por una mujer de 31 años en la provincia de Casma, región Áncash. La víctima señaló a José Jerí Oré y a Marco Antonio Cardoza Hurtado, un allegado suyo, como presuntos autores del abuso sexual ocurrido en una vivienda vinculada al entonces congresista.
El caso fue derivado a la Fiscalía Suprema de Familia, que abrió una investigación preliminar en enero. Tras ocho meses de diligencias, el 8 de agosto de 2025, el fiscal supremo Tomás Gálvez decidió archivar el expediente al concluir que “no existen indicios o datos fácticos, en grado de sospecha reveladora, que permitan vincular al investigado Jerí Oré con los hechos denunciados”. Posteriormente, el 3 de octubre, la Fiscalía Suprema de Familia confirmó la disposición, dejando el caso cerrado una semana antes de que Jerí jurara como jefe de Estado.
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