¿Qué se juega en el referéndum en Ecuador? Estas son las preguntas

El referéndum, convocado por el presidente Daniel Noboa, plantea a la ciudadanía cuatro preguntas, dos de ellas con especial peso: la instauración de una Asamblea Constituyente para redactar una nueva Constitución y la autorización para que bases militares extranjeras, principalmente de Estados Unidos, puedan operar nuevamente en territorio ecuatoriano. Las otras dos cuestiones sometidas a consulta son la reducción del número de asambleístas de 151 a 73 y la eliminación del financiamiento público a los partidos políticos.

En caso de que el ‘Sí’ obtenga la mayoría, el proceso no concluirá con la votación de este domingo. Los ecuatorianos deberán acudir nuevamente a las urnas para elegir a los miembros de la Asamblea Constituyente y, posteriormente, para aprobar o rechazar el texto de la nueva Constitución. Respecto a la posible presencia de bases militares extranjeras, la eliminación de la prohibición constitucional permitiría a Estados Unidos restablecer instalaciones en la costa ecuatoriana, tanto para fines militares como de seguridad, en línea con las conversaciones bilaterales en curso.

1. ¿Está usted de acuerdo con que se elimine la prohibición de establecer bases militares extranjeras o instalaciones extranjeras con propósitos militares, y de ceder bases militares nacionales a Fuerzas Armadas o de Seguridad extranjeras, reformando parcialmente la Constitución?

La primera pregunta del referéndum podría significar un parteaguas en la estrategia de seguridad del Gobierno de Daniel Noboa, pues desde la Constitución de 2008 el Ecuador mantiene vigente la prohibición de bases militares extranjeras y serán los ciudadanos quienes decidan si esta propuesta les convence para combatir el avance del crimen organizado en el país.

El tema resulta vital para el plan de seguridad del presidente Noboa, que ha tenido acercamientos con el gobierno de Estados Unidos para la posible instalación de una base militar permanente. Sin embargo, la propuesta ha generado criterios divididos en función de la cooperación, la soberanía y la incapacidad del país para mejorar sus recursos para el control del narcotráfico y la guerra entre grupos delictivos considerados por el Gobierno como terroristas.

2. ¿Está usted de acuerdo con que se elimine la obligación del Estado de asignar recursos del Presupuesto General del Estado a las organizaciones políticas, reformando parcialmente la Constitución?

Desde hace varios años en Ecuador, los partidos y movimientos políticos reciben un monto de dinero a través del Fondo Partidario Permanente (FPP) para actividades de formación, publicaciones, capacitación e investigación. Este dinero es asignado por el Consejo Electoral por medio del Presupuesto General del Estado y ha sido motivo de críticas cuando los fines para los que fue creado se han desviado.

La propuesta pretende modificar el artículo 110 de la Constitución, que actualmente permite a los movimientos políticos recibir fondos del Estado. Con la reforma, las formaciones pasarían a financiarse únicamente con los aportes de sus afiliados y simpatizantes.

3. ¿Está usted de acuerdo con reducir el número de asambleístas y que se los elija de acuerdo con los siguientes criterios: 10 asambleístas nacionales; 1 asambleísta elegido por cada provincia; y 1 asambleísta provincial adicional por cada 400.000 habitantes de acuerdo con el último censo nacional?

La tercera cuestión consultará al electorado si está de acuerdo con reducir el número de asambleístas, que pasarían de 151 a 73. El Ejecutivo defiende que la medida busca hacer más eficiente la labor del Parlamento.

La actual Asamblea Nacional está conformada por once formaciones políticas, aunque son el partido Acción Democrática Nacional (ADN, oficialista) y el movimiento correísta de Revolución Ciudadana (RC) quienes la dominan. El Gobierno mantiene mayoría también en el Legislativo.

La oposición estima que al reducir el número de asambleístas se debilita la representación de provincias más chicas y de minorías. “Eso no mejora necesariamente la calidad legislativa, por el contrario, afecta de manera contundente la representación territorial y política”, consigna.

Pero el movimiento oficialista y el propio presidente Noboa impulsan la idea de que esta medida promoverá un ahorro para el Estado, mejoraría los filtros en la elección de cuadros políticos y priorizaría la calidad antes que la cantidad en el legislativo.

4. ¿Está usted de acuerdo en que se convoque e instale una Asamblea Constituyente, cuyos representantes sean elegidos por el pueblo ecuatoriano, de acuerdo con las reglas electorales previstas en el Estatuto Constituyente adjunto, para elaborar una nueva Constitución de la República, la cual entrará en vigencia únicamente si es aprobada posteriormente por las y los ecuatorianos en referéndum?

La propuesta de instalar una Asamblea Constituyente ha sido calificada por varios analistas como “la joya de la corona” de las elecciones de este domingo, pues será ahí donde puedan definirse reformas en diferentes campos o replantear la estructura del Estado con un nuevo texto constitucional.

El presidente Noboa ha adelantado que una nueva Asamblea Constituyente, conformada por 80 legisladores, podría plantear cambios en la seguridad social, ofrecer más alternativas para combatir la criminalidad, revisar las funciones de la Corte Constitucional o el Consejo de Participación Ciudadana y reducir sustancialmente los artículos de la carta magna de 444 a 180. No hay claridad sobre las reformas que se impulsarán, pero sí servirá de plataforma para que correístas y noboístas nuevamente midan fuerzas.

Varios ciudadanos consideran también que una Asamblea Constituyente podría convertirse en un “cheque en blanco” para el Gobierno, sobre todo en su afán de reducir la capacidad de acción de la Corte Constitucional que durante la administración de Noboa ha sido su principal muro ante posibles excesos y continuamente le ha llamado la atención sobre sus funciones y competencias tras la declaratoria de conflicto interno armado en enero de 2024.

De aprobarse esta pregunta, el país deberá volver dos veces más a las urnas. Primero para elegir a los 80 asambleístas constituyentes y luego para aprobar o negar la nueva propuesta de Constitución. Los expertos calculan que este proceso podría durar al menos un año.