Justicia extingue proceso contra líderes cruceños por el paro de los 36 días en 2022

La Justicia determinó poner fin al proceso penal iniciado en contra cinco líderes cruceños acusados por su participación en el paro indefinido de 36 días realizado en 2022, en demanda del Censo de Población y Vivienda para el 2023.

La medida de presión contó con bloqueos y movilizaciones en Santa Cruz que demandaban al gobierno de Luis Arce garantizar la realización del Censo de Población y Vivienda.

La denuncia fue planteada el 11 de noviembre del mencionado año, por el secretario ejecutivo de la Central Obrera Regional (COR) de El Alto, Marcelo Mayta Huanca. Posteriormente, el Viceministerio de Transparencia se sumó al proceso en representación del gobierno del presidente Luis Arce. Los acusados enfrentaban cargos de racismo y discriminación; asociación delictuosa, y desórdenes o perturbaciones públicas, además de terrorismo.

Entre los procesados se encontraban el entonces gobernador Luis Fernando Camacho; el exrector de la Uagrm, Vicente Cuéllar; el abogado José Luis Santistevan; y el actual rector de la universidad estatal cruceña, Reinerio Vargas.

La causa fue tramitada en La Paz, pese a que los principales hechos investigados ocurrieron en Santa Cruz. La defensa cuestionó desde el inicio la competencia territorial y buscó que el proceso fuera trasladado al departamento cruceño, pedido que fue rechazado por la Justicia.

La causa atravesó además diversos recursos judiciales y constitucionales que prolongaron su tramitación. La defensa de Camacho había solicitado la extinción de la acción penal, después de que otros procesos contra el exgobernador fueran cerrados por el vencimiento de los plazos procesales.

Con la determinación sobre el denominado “caso paro de los 36 días”, se cierra uno de los procesos que se originaron a raíz de la conflictividad política y social de 2022 en Santa Cruz.