Jair Bolsonaro, expresidente de Brasil, ha sido arrestado en la primera hora de este sábado en una operación relámpago de la Policía Federal brasileña, ejecutada por orden del Tribunal Supremo, que autorizó una prisión preventiva alegando riesgos para el orden público. El operativo se activó alrededor de las seis de la mañana, cuando los agentes se presentaron en la residencia donde el exmandatario cumple arresto domiciliario desde agosto.
La policía ha constatado que minutos después de la medianoche del viernes al sábado, la tobillera que vigilaba cada uno de los movimientos del expresidente fue manipulada. El juez que lleva el caso, el ya famoso Alexandre de Moraes, lo considera prueba evidente de que la intención de Bolsonaro era “garantizar la fuga” aprovechando la confusión que crearía la protesta convocada por su hijo. Añade el togado que la Embajada de Estados Unidos queda a 15 minutos en coche y recuerda que Bolsonaro ya sopesó pedir asilo político en Argentina a su aliado Javier Milei antes incluso de ser juzgado. Él se considera víctima de una persecución política.
La detención preventiva de Bolsonaro no guarda relación directa con la condena a 27 años de prisión por intento de golpe de Estado dictada en septiembre, una sentencia todavía pendiente de recursos. Previamente, en agosto, el Supremo ya había impuesto el arresto domiciliario tras constatar que Bolsonaro utilizó redes sociales de aliados –incluidos tres de sus hijos parlamentarios– para difundir mensajes de incitación contra el Tribunal y apoyar supuestas intervenciones extranjeras –en referencia a Estados Unidos y su aliado Donald Trump– en el poder judicial brasileño.
Mientras tanto, la defensa del expresidente insiste en que la detención es «injustificada» y que la situación médica de Bolsonaro, aquejado de múltiples dolores, debería justificar un régimen más flexible. El viernes por la tarde, sus abogados habían solicitado que el Supremo sustituyera cualquier escenario de prisión por un arresto domiciliario humanitario, aludiendo a un supuesto «riesgo concreto para su vida» si fuese enviado a un centro penitenciario convencional.

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