Pese a las advertencias de empresarios, bloques de gremiales y otros sectores de iniciar movilizaciones si el Gobierno no deroga la disposición adicional séptima del Presupuesto General del Estado (PGE), que autoriza el decomiso y confiscación de productos y alimentos, el oficialismo ha vuelto ha descartar su anulación y, por el contrario, reveló que ya tiene un anteproyecto de la reglamentación y alista un decreto.
“No es posible la abrogación porque esta no es una competencia del presidente, no se puede derogar, no se puede abrogar, no puede modificar el presidente una ley. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es simplemente cumplir con el mandato de la ley”, sostuvo el viceministro de Defensa del Consumidor, Jorge Silva.
“Tenemos que cumplir el mandato de la disposición séptima que nos habla de una reglamentación que debe ser aprobada por una resolución biministerial y también estamos trabajando esta propuesta a través de un decreto supremo que aclare, que clarifique el alcance si el objeto de la disposición séptima va a excluir al sector gremial del comercio minorista como también al sector productivo legalmente establecido”, argumentó.
Por su parte, el viceministro de Coordinación y Gestión Gubernamental, Gustavo Torrico, considera que las reuniones, pronunciamientos y ampliados multisectoriales son una exageración. “¿Por qué tanto show por eso?”, cuestionó este miércoles.
“Los gremiales, no tiene sentido, guardan en su casa, compran mercadería para ir vendiendo de a poco. Guardan en su casa cinco cajas de atún, por decir algo, eso no es agio, no es especulación; pero si encuentras un almacén de atún, eso ya es agio y especulación”, ejemplificó el viceministro.
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