El presidente Rodrigo Paz promulgó el Decreto Supremo N.º 5759 el sábado 31 de octubre, tras recibir la recomendación del Consejo Nacional para la Reducción de Riesgos y Atención de Desastres y/o Emergencias (CONARADE). Esta normativa reconoce que diversas regiones del país ya sufren las consecuencias de la falta de agua. Además, advierte que el fenómeno de El Niño podría provocar nuevos eventos adversos durante el periodo 2026-2027, según informó Red Uno.
El artículo 2 del decreto establece que la declaratoria responde a la presencia de sequía y al riesgo inminente de heladas, granizadas, incendios forestales, inundaciones, riadas y desbordes. En sus fundamentos, la norma identifica la sequía en el Altiplano, los Valles y el Chaco. Por su parte, los escenarios de riesgo del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos y Atención de Desastres (SINAGER-SAT) advierten sobre otras amenazas climáticas.
Esto significa que la emergencia nacional no se limita a atender la falta de agua. También busca fortalecer la preparación frente a posibles desastres en distintas regiones. El Decreto 5759 se sustenta en la Ley 602 de Gestión de Riesgos, que establece que la protección de la vida, la integridad física y la salud de las personas tiene prioridad sobre la infraestructura y los bienes materiales.
Asimismo, el artículo 1 señala que la finalidad de la norma es proteger los medios de vida de la población boliviana. Este objetivo comprende la necesidad de responder a situaciones que puedan poner en riesgo la subsistencia de las familias, especialmente aquellas que dependen de actividades productivas afectadas por fenómenos climáticos.
La normativa cita las competencias nacionales en gestión de riesgos y el mecanismo de coordinación previsto por la Ley 602. Bajo este marco, el Ministerio de Defensa y las demás instituciones competentes deben articular acciones con las gobernaciones y los municipios para atender la emergencia. El decreto encarga expresamente a los ministros de Estado su ejecución y cumplimiento desde sus respectivos despachos.
Uno de los aspectos más importantes aparece en los fundamentos de la norma. El documento señala que la emergencia nacional busca sustentar la activación de mecanismos de financiamiento contingente para enfrentar los efectos de la sequía y los posibles eventos climáticos. Antes de la firma del decreto, el CONARADE emitió la Resolución N.º 014/2026, del 30 de octubre, mediante la cual recomendó al presidente declarar la emergencia nacional. Un día después, el Ejecutivo formalizó la decisión mediante el Decreto Supremo 5759.
La declaratoria se produce en un contexto de afectaciones por sequía y previsiones sobre posibles eventos climáticos extremos durante los próximos meses.
Por: La Patria
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