La ONU dice que Bolivia es un centro de operaciones para carteles internacionales de droga

La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc), a través de su representante en Bolivia, Mónica Mendoza, afirmó en una entrevista con EFE que el país se convirtió en los últimos años en un centro de operaciones para los carteles de droga, algo que el Gobierno de Rodrigo Paz ha reconocido y cuyo abordaje representa una oportunidad para “mejorar” la lucha antinarcóticos.

Según Mendoza, Bolivia se ha identificado “una dimensión de expansión de carteles” como el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) de México, las organizaciones delictivas brasileñas Primer Comando de la Capital (PCC) y Comando Vermelho (CV), al igual que grupos criminales peruanos y colombianos.

Esto se evidencia en la cantidad de detenidos de esas nacionalidades en cárceles bolivianas “y que están relacionados con el cuadro de operaciones de mando” de las mencionadas organizaciones, añadió.

Según Mendoza, a esto se suma un incremento “significativo” de los casos de “sicariato” o ajusticiamientos, que muestran que estos grupos “están confrontados” y “están peleando por territorios”. Esta situación se refleja en los hechos de inseguridad registrados, especialmente en Santa Cruz y en las zonas fronterizas con Brasil, lo que obligó al Gobierno boliviano a movilizar al Ejército y a grupos de élite para reforzar la seguridad.

“Sí hay presencia de carteles. No estamos hablando de carteles bolivianos, estamos hablando de organizaciones (…) de otros países y que operan con la anuencia, con el consenso de organizaciones locales”, indicó.

Para Mendoza, Bolivia ya no puede verse solo como productor de materia prima o territorio de tránsito, porque el problema “es mucho más complejo”: se da una “confluencia” de delitos como el contrabando, la trata de personas, la corrupción y la minería ilegal, al modo de un “holding” o consorcio empresarial del crimen.

Además, se suma el incremento de los cultivos de hoja de coca.  Según el último informe de la Unodc, presentado en septiembre, la superficie cultivada aumentó un 7%, de 34.000 hectáreas en 2024 a 36.400 en 2025.

La representante también alertó sobre la posible penetración del crimen organizado en instituciones de la Justicia en referencia al caso del exfiscal general Roger Mariaca. Mendoza sostuvo que “negar” la infiltración del narcotráfico en las instituciones sería muy “complejo”, porque permitiría que estas organizaciones se “instalen” y luego resulte “muy difícil” recuperar esas entidades.

Mendoza cuestionó la percepción de que el narcotráfico opera a “un nivel bajo” en Bolivia y mencionó el caso del uruguayo Sebastián Marset, detenido en marzo y enviado a Estados Unidos.

A su juicio, la captura de Marset marcó el fin de la “narcopaz”, una especie de tregua entre organizaciones criminales que conviven sin enfrentamientos visibles porque tienen distribuidas sus rutas, funciones y territorios.

La representante destacó las acciones del Gobierno de Rodrigo Paz contra el narcotráfico, entre ellas la captura de presuntos cabecillas criminales. La administración también permitió nuevamente la cooperación de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), expulsada de Bolivia en 2008 durante el Gobierno de Evo Morales.

Asimismo, Bolivia suscribió un acuerdo con el Gobierno estadounidense y se sumó al Escudo de las Américas para combatir el narcotráfico.

No obstante, Mendoza consideró que la lucha contra estas organizaciones requiere una estrategia integral, ya que “es imposible” combatir el narcotráfico a gran escala de manera “unilateral o solamente bilateral”.

En ese sentido, planteó perseguir las actividades criminales, sus finanzas y sus capacidades operativas. También remarcó la necesidad de aprobar normas “antilavado” de dinero y de extinción de dominio, además de lograr sentencias judiciales en casos de narcotráfico, que, según afirmó, hasta ahora han sido “muy pocas”.