Luego de presentarse este lunes a declarar ante la Fiscalía Departamental de La Paz por su presunta participación en el caso “coimas millonarias”, Juan Carlos Huarachi, exsecretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB) fue aprehendido.
El ex dirigente de la COB fue denunciado por el abogado Abel Loma por la presunta comisión de los delitos de uso indebido de influencias, concusión y enriquecimiento ilícito dentro del caso denominado ‘coimas millonarias’ del Ministerio de Medio Ambiente y Agua.
Entre los fundamentos para esa determinación figura la declaración jurada de una testigo clave, que afirma que el dirigente minero recibió al menos Bs 40.000, provenientes del cobro de coimas, además que se adjuntaron 17 informes financieros sobre el caso.
“Señala que el 30 de septiembre de 2023, Huarachi recibió Bs 40.000 por parte del exministro de Medio Ambiente y Agua (MMAyA), Juan Santos Cruz”, cita parte de la fundamentación, en la orden de aprehensión emitida por el fiscal Aldo Meza, a la que tuvo acceso El Deber.
“Lo poco que tengo es mi casita, como corresponde (…), no voy a escapar (…), voy a venir cuantas veces me citen”, afirmó la primera vez que se presentó ante el Ministerio Público, pero esa vez no se instaló la audiencia por la ausencia del fiscal de materia. Sin embargo, este lunes, a diferencia de la anterior ocasión, Huarachi se mostró nervioso y evitó brindar declaraciones a la prensa, ignorando las preguntas de los periodistas y alejando los micrófonos.
De acuerdo con el abogado denunciante, Abel Loma, existían pruebas suficientes en contra de la exautoridad de la Central Obrera Boliviana.
“Debe rendir cuentas no sólo ante la justicia, sino ante el pueblo boliviano por todo su comportamiento dudoso durante su gestión en la COB”, indicó el jurista.
Cerca de las 11:00 de este martes, la Fiscalía emitió la imputación formal contra el exejecutivo de la Central Obrera Boliviana, Juan Carlos Huarachi, por los delitos de uso indebido de influencias, concusión y enriquecimiento ilícito.
El Ministerio Público pidió la detención preventiva por el lapso de seis meses en el penal de San Pedro.
La defensa legal sostiene que el procedimiento fue irregular y será denunciado ante la autoridad jurisdiccional. El abogado Andrés Zúñiga dijo que la Fiscalía no valoró los documentos presentados previamente.
“Le hemos preguntado al señor fiscal que nos muestre una evidencia para sostener la probabilidad de autoría, no existe. Se ha procedido con una aprehensión ilegal y ante el juez cautelar haremos valer esos derechos”, dijo Zúñiga.
More Stories
Decreto de reorganización del Ejecutivo reduce los ministerios de 17 a 15
YPFB Transporte confirma ruptura de un oleoducto en Samaipata
Paz llega a Samaipata y anuncia $us 380.000 para ayuda humanitaria a damnificados